El Condado de Cook tiene como objetivo interrumpir el proceso de condena a deportación

Alejandra Cano outside her home

April Alonso for Borderless Magazine/Catchlight Local

Alejandra Cano frente a su casa el martes 16 de marzo, en Evanston, Illinois.

Esta historia fue producida como parte de una asociación entre Injustice Watch y Borderless Magazine. Read this story in English.

Alejandra Cano pensó que estaba a salvo.

Había pasado cinco años estando sobria después de largas décadas de lucha contra la adicción a las drogas. Ella acumuló varios delitos menores cuando estaba usándolas, sobre todo por robar en tiendas. Pero eso fue otra vida. En esta, Cano, de 46 años, era una madre soltera que trabajaba y vivía en un cómodo apartamento en el primer piso del West Side de Chicago con sus dos hijos adolescentes. Y después de casi 20 años de no ver a su padre o su tierra natal, Cano decidió volar a Chile en agosto de 2019.

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“Todavía tenía mi tarjeta de residencia. No tenía motivos para preocuparme”, dijo Cano.

Estaba equivocada. Cuando regresaba de Chile, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. en el Aeropuerto Internacional O’Hare apartaron a Cano. Sus antecedentes penales habían aparecido cuando analizaron sus huellas digitales en el puesto de control de aduanas, a pesar de que su última condena había sido hacía cinco años. Después de horas de espera junto a otros extranjeros, un agente le quitó la tarjeta de residencia permanente a Cano. El gobierno ahora está tratando de revocar su estatus legal y deportarla.

Cano es una de miles de personas – incluyendo inmigrantes indocumentados, titulares de visas y residentes permanentes legales – que pasan por procedimientos de deportación en Chicago cada año, según datos de la corte federal de inmigración recopilados por la Universidad de Syracuse Transactional Records Access Clearinghouse.

Muchos terminan ahí a través del sistema de justicia penal. No sólo los arrestos llaman la atención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE según su siglas en inglés), ciertas condenas penales también pueden desencadenar un caso de deportación. Eso incluye delitos que, para un ciudadano, podrían significar sólo una cuota de la corte o una sentencia de prisión corta. Pero los no-ciudadanos pueden terminar siendo castigados aún más con la deportación – lo que se conoce como una “consecuencia colateral”, similar a la pérdida de los derechos de voto y otras sanciones civiles que se suman a las condenas penales.

La Oficina del Defensor Público del Condado de Cook estima que su personal representa a cientos de no-ciudadanos en casos graves en un momento dado – todo lo cual podría resultar en tales consecuencias colaterales. Una nueva unidad de inmigración dentro de la oficina del defensor público tiene como objetivo interrumpir este proceso de condena a deportación. Trabajando con defensores públicos, fiscales y grupos comunitarios, la unidad se asegurará de que los no ciudadanos sean advertidos cuando un acuerdo de declaración de culpabilidad podría costarles su estatus y su hogar.

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Mientras que el estado de Illinois ha requerido durante mucho tiempo abogados defensores para hacerlo, Cano dijo que sus defensores públicos del Condado de Cook nunca lo hicieron – un descuido que es demasiado fácil bajo el sistema actual, según varios abogados de inmigración y defensa en el condado de Cook que hablaron con Injustice Watch y Borderless Magazine.

Tres de los cinco delitos menores a los que Cano se declaró culpable entre 2005 y 2013 fueron por robo al por menor, haciéndola deportable bajo la ley federal de inmigración.

De haber sido advertida de esto, Cano dijo que lo habría pensado dos veces antes de abordar un avión. “Por lo menos, habría contratado a un abogado de inmigración para que me ayudara a averiguar qué estaba pasando”, dijo.

Mientras que el alcance de la nueva unidad de inmigración se limita actualmente a asesorar a los defensores públicos, los funcionarios del condado dicen que en última instancia quieren proporcionar abogados de inmigración gratis a más inmigrantes que se enfrentan a la deportación en Chicago. Pero cumplir esta promesa requerirá cambiar la ley estatal, así como superar las restricciones fiscales que han obstaculizado la oficina del defensor público durante décadas.

Un delito deportable

Los problemas de inmigración se ciernen en el sistema judicial del condado de Cook, donde uno de cada cinco residentes nació en otro país. La mayoría de esos residentes viven en metro Chicago, que es el hogar de 480,000 titulares de residencias permanentes y un estimado 460,000 inmigrantes indocumentados, según un estudio reciente publicado por el Consejo de Chicago sobre Asuntos Mundiales.

No está claro cuántos no-ciudadanos se enfrentan a cargos penales en el condado de Cook; el tribunal de circuito no rastrea el estatus migratorio de los acusados. Una encuesta interna realizada el año pasado encontró que los defensores públicos del Condado de Cook representaron colectivamente a aproximadamente 700 no-ciudadanos de más de 80 países diferentes en casos de delitos graves.

“Todas esas personas enfrentan las consecuencias de inmigración derivadas de ese caso penal”, dijo Sharone Mitchell Jr., defensor público del Condado de Cook, quien tomará las riendas el 1 de abril.

Cuando se trata de qué crímenes podrían hacer deportar a un no-ciudadano, la ley de inmigración es tanto exacta como vaga. Las condenas por deportación generalmente caen bajo dos categorías: delitos graves agravados – una lista de más de 30 tipos de delitos, incluyendo el tráfico de drogas, la presentación de una declaración de impuestos falsa, y la falta de comparecencia en los tribunales – y crímenes “que implican la vileza moral.”

Esta última categoría es deliberadamente vaga; incluso el Departamento de Justicia ha dicho que el término es “difícil de definir con precisión.” El asesinato y otros actos violentos están incluidos, pero también lo están los delitos no violentos, como la malversación, el fraude, la falsificación y el robo. A falta de una definición clara, los tribunales de inmigración adoptan decisiones caso por caso, basándose en la jurisprudencia pertinente y en las leyes penales estatales.

Para hacer las cosas más complicadas, las sentencias alternativas, como la libertad condicional, la restitución, el servicio comunitario y la rehabilitación de drogas — opciones que se buscan regularmente al tratar de llegar a un acuerdo con los fiscales — también pueden poner a un no-ciudadano en riesgo de deportación.

Por estas razones, anticipar las consecuencias colaterales debido a los estatus migratorios puede resultar difícil, incluso para los abogados defensores penales más informados. Sin embargo, en el caso Padilla v. Kentucky en 2010, la Corte Suprema de los EE.UU. sostuvo que, bajo la Sexta Enmienda, los abogados tienen la obligación de preguntar a los clientes sobre su estado de ciudadanía e informarles si un acuerdo de declaración de culpabilidad conlleva un riesgo de deportación.

Aunque el mandato de los tribunales es claro en teoría, varios abogados de inmigración de Chicago le dijeron a Injustice Watch y Borderless Magazine que, en la práctica, las lagunas en el sistema con frecuencia dejan a los clientes inmigrantes desprotegidos de las consecuencias colaterales.

Kate Ramos, una abogada supervisora del National Immigrant Justice Center, una organización sin fines de lucro con sede en Chicago, representa a Cano en su proceso de deportación. Cano no es el único cliente que llegó a un proceso de deportación después de un acuerdo con el fiscal, Ramos dijo: “Muchos de nuestros clientes vienen y me dicen que (…) no eran conscientes de las consecuencias.

Tener una unidad dedicada a la inmigración en la oficina de defensores públicos podría importar, según Ramos. “Los defensores públicos no son abogados de inmigración”, dijo. “Están buscando el bien de sus clientes desde un punto de vista criminal, [y] es por eso que es importante tener una oficina que realmente pueda centrarse en ambos.”

Antes de que la unidad de inmigración se pusiera en marcha, los defensores públicos consultaban a los abogados de inmigración caso por caso.

Angela Kilpatrick, la principal defensora pública en el juzgado Bridgeview del Condado de Cook. Foto cortesía de Angela Kilpatrick

Pero Angela Kilpatrick, la principal defensora pública en el juzgado Bridgeview del Condado de Cook, dijo que a veces es difícil llegar al alivio más inmediato para un cliente – tomar un acuerdo de declaración para salir de la custodia, por ejemplo – con el impacto potencial en su estatus migratorio.

Contar con un abogado de inmigración interno para asesorar a los defensores públicos sobre estas preocupaciones contribuirá en gran medida a crear un “enfoque amortiguado de 360 grados sobre cómo hacemos la defensa [penal]”, dijo.

Al frente de la unidad está la abogada de inmigración Hena Mansori, quien trabajó en el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes durante más de una década. Desde enero, ha estado ocupada entrenando a decenas de defensores públicos del Condado de Cook a través de Zoom y desarrollando un nuevo sistema de admisión para identificar y rastrear casos donde los defensores públicos representan a no-ciudadanos. El sistema estará protegido por privilegios de abogado-cliente, por lo que los clientes no tendrán que preocuparse por ser blanco de ICE.

La unidad de inmigración sigue siendo un equipo de uno, pero el condado planea contratar a dos abogados de inmigración más y un administrador de casos para unirse a Mansori a finales de este año, dijo.

April Alonso for Borderless Magazine/Catchlight Local

Hena Mansori, abogada principal de la nueva unidad de inmigración en la Oficina del Defensor Público del Condado de Cook, cerca de su casa el 22 de marzo, en el lado noroeste de Chicago.

Mansori también espera poner el conocimiento directamente en manos de las comunidades inmigrantes a través de sesiones de información con socios de la comunidad. En una capacitación virtual con la Organización Africana Unida con sede en Chicago en noviembre, Mansori explicó cómo una condena penal puede conducir a la deportación, y contestó preguntas de una audiencia de unas 40 personas.

“[La unidad de inmigración] es crítica para nuestra comunidad”, dijo la Directora de Programas de la Organización Africana Unida, Fasika Alem. “Al igual que todas las demás personas negras, la interacción de los inmigrantes africanos con la aplicación de la ley es mayor porque vivimos en comunidades que están excesivamente vigiladas.”

Mientras que los inmigrantes negros representan alrededor del 7% del total de no-ciudadanos que residen en los EE.UU., componen más del 20% de los inmigrantes que enfrentan la deportación por motivos criminales entre 2003 y 2015, según un análisis de los datos federales de inmigración por la Clínica de Derechos de Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

El grupo de Alem es parte de la coalición de grupos activistas y de derechos civiles que impulsaron el establecimiento de la unidad de inmigración. Aunque aplaude su lanzamiento, dijo que los funcionarios no deben perder de vista lo que ella cree que es el objetivo principal: la representación universal para todos los inmigrantes que necesitan un abogado en Chicago.

“Vamos a seguir presionando por eso. Cuanto antes, mejor”, dijo.

Un abogado para cada inmigrante

Alejandra Cano y su hijo adolescente Nico Ortiz frente a su casa

April Alonso for Borderless Magazine/Catchlight Local

Alejandra Cano y su hijo adolescente Nico Ortiz frente a su casa el martes 16 de marzo en Evanston, Illinois.

Si bien la Sexta Enmienda garantiza a los acusados un derecho a un abogado, ese mismo derecho no se extiende a los tribunales de inmigración. El año pasado, el 66% de los inmigrantes en procedimientos de deportación a nivel nacional no tenían abogado, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. En el Tribunal de Inmigración de Chicago, esa cifra estaba más cerca del 70%.

Cuando los inmigrantes que se enfrentan a la deportación tienen un abogado, son hasta 10 veces más propensos a ganar sus casos, según un análisis del Instituto de Justicia Vera. Varias localidades ya proporcionan al menos alguna defensa de inmigración financiada con fondos públicos. Nueva York garantiza la representación universal en los tribunales de inmigración de todo el estado.

Es poco probable que Illinois haga lo mismo pronto. La oficina del defensor público del Condado de Cook actualmente está impulsando una enmienda a una ley de Illinois que ampliaría a los defensores públicos que pueden representar para incluir a los no-ciudadanos con casos ante la corte de inmigración de Chicago. La enmienda fue aprobada por un comité de la Cámara de Representantes en marzo.

Incluso si la medida tiene éxito, la falta de fondos y personal significa que el condado todavía elegiría qué no-ciudadanos consiguen un abogado. Por el momento, la prioridad será proporcionar abogados de inmigración a los acusados que actualmente están siendo o han sido representados por un defensor público del Condado de Cook, según Era Laudermilk, una diputada de asuntos legislativos en la oficina del defensor público del condado de Cook.

“Nuestra meta … es asegurar que estamos proporcionando la mayor cantidad de servicios que podamos, y equilibrar las necesidades de las funciones centrales de la oficina sin robar a Peter para pagar a Paul”, dijo Mitchell, el defensor público entrante del Condado de Cook.

Eso apunta a una mayor preocupación por Xanat Sobrevilla, miembro de Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones, un grupo de lucha por los derechos de los inmigrantes en Chicago. Le preocupa que el Condado de Cook no financíe adecuadamente la unidad de inmigración o la oficina del defensor público para hacer su trabajo adecuadamente, ya que el aplastante número de casos ha sobrecargado a los defensores públicos durante años.

“Si no podemos detener el exceso de vigilancia policial de las comunidades [negras y morenas], entonces no podremos detener que más inmigrantes entren en contacto con el sistema de justicia penal”, dijo Sobrevilla.

Mansori espera que el condado finalmente invierta en la representación universal, especialmente dado el impacto financiero y emocional que la detención durante el proceso de deportación tiene en los miembros de la familia. Pero por ahora, defender casos en los que la ley de inmigración es turbia podría tener un impacto más amplio en detener las consecuencias colaterales. Donde los tribunales de inmigración deben interpretar, por ejemplo, qué tipos de delitos implican “vileza moral”, ganar el alivio de la deportación en un caso puede “sentar un precedente que beneficie a muchos otros también”, dijo Mansori.

Por su parte, Cano tiene la esperanza de que una defensa de inmigración más robusta en el condado de Cook significará que otros no tendrán que pasar por lo que ella hizo. El caso de Cano sigue en el limbo, ya que su audiencia ante un juez de inmigración fue cancelada debido a la pandemia de Covid-19 y aún no ha sido reprogramada.

Hasta que sepa si puede quedarse, Cano se lo está tomando día a día.

“Eso es algo que aprendí en rehabilitación”, dijo.

Rita Oceguera contribuyó reportando. Traducido por Claudia Hernández para Borderless Magazine.

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