Illustration by Verónica Martínez
Una mujer de Chicago de 37 años demandó al Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois el 15 de febrero por no certificar su solicitud de visa U. La ilustración se basa en dos fotografías, una que la muestra semanas después de llegar de México a los 9 años y otra tomada un año después, mientras soportaba el abuso casi diario de su abuelo.
La agencia de bienestar infantil de Illinois ha impedido ilegalmente durante años que sobrevivientes de abuso infantil que son indocumentados busquen un estatus legal a través de una visa especial para víctimas de delitos, según descubrió una investigación de Injustice Watch.
Desde el 2019, la ley estatal requiere que el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS por sus siglas en inglés), como todas las agencias gubernamentales en el estado, decida en un máximo de 90 días hábiles si las víctimas de ciertos delitos, al ser indocumentadas, son elegibles para la visa U. Es un programa de visas establecido específicamente como una herramienta para que las autoridades se ganen la confianza de los inmigrantes indocumentados que, de otro modo, podrían ser renuentes a presentarse.
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Pero los registros muestran que el DCFS no ha establecido un proceso para revisar las solicitudes, negando potencialmente a cientos de familias la oportunidad de obtener un estatus legal y disuadiendo a otras personas de presentarse.
“Están desafiando la ley estatal y es realmente frustrante”, dijo Sara Dady, abogada de inmigración con sede en Rockford que presentó una solicitud de certificación de visa U en nombre de un cliente a principios de este año.
“Así que tengo que decirle a mi cliente que, según la ley, deberíamos recibir una respuesta dentro de los 90 días hábiles, pero esta agencia gubernamental en particular ha decidido que simplemente no son capaces de cumplir con la ley”.
El director de DCFS, Marc Smith, se negó a ser entrevistado y su oficina no respondió a las preguntas sobre por qué la agencia no cumplió con su responsabilidad de desarrollar una política sobre las solicitudes de certificación de visa U.
Esta es la segunda vez que Injustice Watch reporta cómo una agencia gubernamental bloqueó injustamente a las víctimas de la oportunidad de solicitar la visa U. El Departamento de Policía de Chicago negó de manera rutinaria cientos de solicitudes de certificación, muchas sin justificación, según una investigación de Injustice Watch publicada en diciembre.
Ese reportaje llevó a la división de derechos civiles del fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, a abrir una investigación de CPD. En una declaración emitida a través de un portavoz, el fiscal general ahora está “en el proceso de investigar el asunto” de las fallas del DCFS.
Después de 4 años, sin plan
Las entrevistas con media docena de abogados de inmigración y sus clientes y una revisión de más de una docena de correos electrónicos y correspondencia del DCFS revelan cómo sólo se les informó a unos pocos inmigrantes indocumentados que solicitaron las certificaciones que sus solicitudes no se considerarían en absoluto.
Un caso involucra a una mujer de 37 años que durante años fue abusada sexualmente por su abuelo cuando era una preadolescente. Denunció el abuso a un trabajador social de la escuela, quien notificó al DCFS, que corroboró sus acusaciones después de una investigación, según muestran los registros.
La agencia remitió el caso a la policía, pero su abuelo fue posteriormente condenado en otro caso de abuso en el que ella no participó, lo que significa que el DCFS fue la única agencia gubernamental capaz de certificar su solicitud de visa U.
El abogado de la mujer, Carlos Becerra, envió al DCFS su solicitud de certificación en noviembre, según muestran los registros. Tres días después, recibió esta respuesta: “Actualmente estamos desarrollando una política de visa U para DCFS; por lo tanto, no podemos confirmar la información que proporcionó, ni podemos proporcionar una certificación firmada en este momento”, escribió Rodrigo Remolina, quien se identificó como miembro de la “Unidad de Visas U del DCFS”.
“¿Pueden decirme aproximadamente cuánto tiempo tomará desarrollar la política?” preguntó Becerra.
“Desafortunadamente, no tengo una fecha, pero puedo decirle que estamos trabajando diligentemente”, dijo Remolina a fines de noviembre. “Lo mejor que puedo decir es que tenemos la esperanza de tenerlo en funcionamiento en el 2023”.
Pero a mediados de enero no había mucho progreso, según los correos electrónicos de Remolina en otro caso. “Aunque ya tenemos un correo electrónico dedicado para la visa U, aún no tenemos ninguna política o incluso un proceso establecido para certificar las solicitudes de visa U”, escribió a la oficina de Dady. “Estamos trabajando en ello y esperamos tener este servicio funcionando en los próximos meses. Vuelva a consultarnos más adelante este verano”.
Becerra presentó una demanda contra el DCFS en nombre de la mujer de Chicago de 37 años en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook el 15 de febrero, alegando que el DCFS violó las disposiciones de la Ley Voices Immigrant Communities Empowering Act, conocida como VOICES Act, una ley estatal del 201 que requiere un proceso rápido para considerar las certificaciones de visa U.
“Esta es mi última oportunidad de obtener un estatus legal”, dijo la mujer a Injustice Watch en una entrevista. “No quiero que el sistema me vuelva a fallar”.
‘Necesitan realmente hacerse cargo’
Injustice Watch no pudo determinar cuántos más sobrevivientes de abuso infantil y sus familias podrían ser elegibles para solicitar una visa U y simplemente no lo hicieron porque el DCFS no puso ese proceso a su disposición.
La mayoría de las certificaciones de visa U pasan por la policía y otras agencias locales, según muestran los datos federales. Pero es común que los servicios de protección infantil sean la única agencia involucrada en un caso, dijo Danielle Kalil, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y autora de un artículo reciente sobre la visa U y los servicios de protección infantil en diferentes estados.
“Cuando tienes un caso de abuso sexual realmente extremo o un caso de abuso físico realmente extremo, es probable que se involucre la policía tradicional, pero hay muchos casos en los que se queda con la agencia de protección infantil, y la investigación se realiza principalmente en ese contexto, y es con quién está cooperando la familia o el niño, por lo que sería la agencia más apropiada para certificar”, dijo Kalil.
Un portavoz del DCFS reveló que la agencia solo había recibido siete solicitudes de certificación de visa U desde que la Ley VOICES entró en vigencia en enero del 2019 y de ellas certificó una. Los funcionarios del DCFS se negaron a proporcionar detalles sobre el único caso que certificó la agencia.
“Eso es muy poco”, dijo Kalil.
En comparación, en la ciudad de Nueva York, en la cual viven aproximadamente la misma cantidad de inmigrantes indocumentados que Illinois, los servicios de protección infantil emitieron más de 234 certificaciones de visa U desde el 2019, según muestran los registros.
Kalil comentó que la Ley VOICES refleja la legislación de California y Nueva York, que obliga a las agencias estatales encargadas de hacer cumplir la ley a manejar rápidamente las certificaciones de visas U.
Las leyes otorgan a las agencias de bienestar infantil la discreción de decidir si certificarán las visas U, pero “no puedes decidir no revisarlas en absoluto”, dijo.
Cuanto más tarde el DCFS en cumplir con la Ley VOICES, más tiempo tendrán que hacer fila los posibles solicitantes para obtener una visa U, dijo Kalil.
El gobierno federal sólo otorga hasta 10,000 visas U por año, y la acumulación de solicitudes superó las 188,000 a septiembre. Eso significa que alguien que solicitó una visa U este año podría tardar más de una década en obtenerla, dijo Kalil.
Al evitar que las víctimas indocumentadas soliciten la visa U, el DCFS podría disuadir a otros de presentarse, mencionó Sarah Diaz, coautora de la Ley VOICES y directora asociada del Centro para los Derechos Humanos de los Niños en Loyola University Chicago School of Law. “Hace que los niños y sus familias permanezcan en las sombras”, dijo Díaz.
Fred Tsao, asesor principal de políticas de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, dijo que era “inquietante” que el DCFS “ignorara por completo” la Ley VOICES. “Su continua resistencia incluso a emitir una póliza es una invitación a una demanda”, dijo Tsao.
“Necesitan realmente hacerse cargo”.
Traducido por Claudia Hernández.
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